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Ministerio de Agricultura pagó a sobre precio alimentos con bajo valor nutricional

El ministro de Agricultura y Ganadería pagó más de $8.3 millones en sobreprecio a dos empresas extranjeras por la importación de latas de pollo, atún y bolsas de leche en polvo para elaborar los paquetes del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Los productos comprados a empresas internacionales, además, no están en el registro sanitario ni cumplen con lo anunciado en su información nutricional.

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Alimentos que ni siquiera cuentan registro sanitario terminaron en los estómagos de las familias más afectadas por la cuarentena nacional obligatoria en El Salvador. El Ministerio de Agricultura pagó millones de dólares por toneladas de abarrotes de mala calidad y comprados con sobreprecio a tres empresas extranjeras que, en algunos casos, no entregaron los productos en las fechas pactadas. Los alimentos sin garantías de calidad terminaron empacados en sacos y cajas del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) que el Gobierno continúa entregando. 

LA PRENSA GRÁFICA accedió a un examen especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en el que se certifica que tanto el atún en aceite de la marca Lucky Tuna y el pollo Natalia, suministrados por la empresa mexicana Grupo Marhel, contienen casi el triple de sodio y el doble de grasas que anuncian sus etiquetas nutricionales. Similares deficiencias fueron detectadas en la leche en polvo Campestre, de la panameña Aroum Group; y la leche en polvo Lakpura y el atún Tuny, de la empresa mexicana Integradora de Productores del Estado de México (IPEM).

La CCR  echó mano de un estudio elaborado por un laboratorio independiente a esos productos. El análisis arrojó que los alimentos contenían muchísima más grasa y sal (sodio) de lo indicado en las etiquetas; lo que constituye una violación a los artículos 88, 94 y 95 del Código de Salud de El Salvador.

Para cuando el Gobierno compró alimentos de mala calidad, El Salvador ya llevaba casi un mes en cuarentena y miles de familias sufrían los embates por las estrictas políticas sanitarias. Sin embargo, en lugar de adquirirlos de empresas que cumplieran con normas sanitarias, el Gobierno identificó y contrató en secreto, y en tiempo récord, a empresas extranjeras que mintieron en la información nutricional de los abarrotes. En algunos casos, como el atún y pollo enlatado, y la leche en polvo; el sodio y las grasas saturadas se triplicaba respecto al valor anunciado en las etiquetas.

Las compras de estos productos fueron autorizadas por el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker Infante, entre el 9 y el 11 de abril de 2020. El MAG pagó $68.2 millones para adquirir atún y pollo enlatados, harina de maíz, leche en polvo y espaguetis que venían más cargados de grasas saturadas y con un alto contenido de sodio (sal) de lo que anunciaban. Algunas marcas de pollo y de atún, además, contenían soya que podía llegar a rondar el 44 % del producto.

Las órdenes de compra también fueron firmadas por el director de la Oficina de Adquisiciones y Compras, Lorenzo Corpeño. Anliker y Corperño fueron los responsables de que alimentos que ni siquiera cuentan registro sanitario terminaran en los estómagos de las familias más afectadas por la cuarentena nacional obligatoria.

En las respuestas a la CCR, el MAG se excusó de estas irregularidades con argumentos que van desde la defensa de la vida y la seguridad alimentaria de los salvadoreños hasta su supuesta inexperiencia en la importación de alimentos. El ministerio nunca reconoce que los procesos de compra fueron deficientes y en el caso de los productos con sobreprecio, ni siquiera dio explicaciones. 

“La deficiencia se originó debido a que el Ministro de Agricultura y Ganadería contrató a proveedores internacionales, para suministrar productos alimenticios sin cerciorarse que éstos contaran con los requisitos emitidos por las autoridades de salud de sus países de origen”, concluyeron auditores de la CCR en el informe final. El MAG tampoco se aseguró de que los productos internacionales contaran con registro sanitario tramitado ante el Ministerio de Salud.

Para el MAG, la adquisición de productos sin regulación se justifica por el estado de emergencia que el presidente Bukele decretó y que, posteriormente, ratificó la Asamblea Legislativa. “Si bien es cierto los artículos del Código de Salud que se citan y que a criterio del ente auditor no se le ha dado cumplimiento, considero importante mencionar que el actuar de esta Dirección se ha hecho respetando los marcos legales”, indicó el MAG.

Entre el 25 y 26 de noviembre, LA PRENSA GRÁFICA envió correo y solicitudes de entrevista al exministro Pablo Anliker, al actual titular de Agricultura, David Martínez, a Grupo Marhel y a Aroum Grupo para conocer cómo fue el proceso de negociación y por qué el MAG pagó a sobreprecio alimentos que mintieron en su valor nutricional. Sin embargo, no hubo respuesta.

Baja calidad, alto precio
Junto a la mala calidad, los productos comprados a la mexicana Grupo Marhel, la panameña Aroum Group y la brasileña TDX Trading arribaron al país con un sobreprecio de conjunto de $8.8 millones. La CCR, además,  señala que cientos de toneladas de alimentos llegaron luego de las fechas estipuladas o simplemente nunca llegaron.

La primera entrega de los paquetes alimenticios a la población ocurrió el 17 de mayo de 2020, más de un mes después de las compras. A pesar de algunas variaciones entre unos paquetes y otros, las canastas de ayuda a los más necesitados contenían harina de maíz, espaguetis, arroz, frijoles, leche en polvo, azúcar, aceite, pollo y atún enlatados.

A Grupo Marhel, el Gobierno le pagó $30.9 millones según consta en el contrato firmado el 10 de abril. La empresa debía proveer 3.7 millones latas de pechuga de pollo marca Natalia, 8.8 millones de latas de atún en aceite, 9.33 millones de latas de atún en agua marcas Lucky Tuna, Atún Supertuna y Tritún; y 7.5 toneladas de harina de maíz.

De todos, el atún aleta amarilla en aceite marca Lucky Tuna fue el que más señaló la CCR porque preveía valores nutricionales falsos.  Las latas por las que el MAG pagó $5.72 millones contenían más energía, grasas, sodio y proteína y menos carbohidratos de los que indica su tabla nutricional. 

Según la orden de compra 3046, Marhel debía entregar 8.8 millones de latas pero solo cumplió con 7.1 millones. El MAG, entonces, pagó $1.1 millones por producto que nunca recibió. Según la CCR, estos datos se desprenden de  la Declaración Única Centroamericana (DUCA), un documento que sirve para la verificación de las importaciones.

La primera entrega de los paquetes alimenticios a la población ocurrió el 17 de mayo de 2020, más de un mes después de las primeras compras. A pesar de algunas variaciones entre unos paquetes y otros, las canastas de ayuda a los más necesitados contenían harina de maíz, espaguetis, arroz, frijoles, leche en polvo, azúcar, aceite, pollo y atún enlatados. Para empacar los productos que venían sueltos, el Gobierno invirtió más dinero público: $5.1 millones a la empresa panameña Nice Moon y $2.8 millones a  Molinos San Juan, que está en poder del Conab por el caso de lavado de dinero que vincula a  José Adán Salazar Umaña (conocido como “Chepe Diablo”) y al exalcalde Juan Umaña Samayoa, para maquilar los paquetes o, dicho de otra forma, para armar los sacos que entregó a la población y que se robaron el protagonismo en una fuerte propaganda gubernamental. 

Tres días antes de esa primera entrega de alimentos, el 14 de mayo, el MAG ya había cambiado de estrategia en la elaboración de los paquetes PES: comenzó a comprar canastas ya armadas en vez adquirir productos sueltos. Una de las empresas proveedoras fue la Integradora de Productores del Estado de México (IPEM). Vendió 1.2 millones de canastas alimenticias a $36 millones. Esta fue la compra más cara de canastas ya armadas.

Lo que no cambió fueron los productos de mala calidad. Incluido en los paquetes de IPEM iba el atún marca Tuny. Según la etiqueta la grasa contenida es de 1.9 gramos por cada 100 gramos, pero, según el análisis solicitado por la CCR, en realidad son 6.39 gramos. Mientras que afirmaba contener 112 miligramos de sodio, en el análisis subió a 411.83 miligramos.

Junto a esos productos, en los paquetes distribuidos en El Salvador aterrizaron también latas de atún y de pollo señaladas de tener hasta un 44 % de soya, según un estudio del Laboratorio Nacional de la Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) publicado en 2020. A pesar de que la soya en sí no es un producto nocivo, es un mecanismo que los productores usan para abaratar costos, indicó la institución mexicana.

“Esto representa una competencia desleal entre fabricantes, además de ser confuso y engañoso para la población consumidora”, señaló Profeco en el estudio “En México ya no es gato por liebre, sino ¡soya por atún!”. 

Entre las 57 marcas que analizó Profeco en 2019, hay tres incluidas en los PES: Ancla en agua, con un porcentaje del 17 al 26 de soya sobre masa drenada de atún; El Dorado en agua, del 13 % al 22%; y El Dorado en aceite, del 21 % al 44%. Estas tres también fueron incluidas en los paquetes alimentarios CLAP que el Gobierno de Venezuela distribuyó a los afectados en ese país. 

La CCR concluye, luego de los resultados de laboratorio, que estos productos que compró el MAG “no cumplen con estándares de calidad para el consumo humano” por no contar registros sanitarios y de libre venta en sus países de origen y en El Salvador. 

Pollo caro y desconocido
La apuesta pública del Gobierno era llevar alimentos a las principales familias afectadas por el encierro obligatorio y la imposibilidad de salir a trabajar, que golpearon en especial a los hogares más pobres. Estos paquetes llegaron, pero hoy se revela que los salvadoreños no sabían qué comían, quién elaboró los productos que terminaron en sus estómagos ni cuánto le costaron al Estado esos alimentos de baja calidad.

Más complicado aún, al menos uno de los alimentos que engrosó la lista de productos entregados en los paquetes del PES tiene un origen desconocido. Ocurrió con las 3.7 millones de latas de pollo marca Natalia a $13.1 millones que debía entregar Grupo Marhel, que no produce pollo enlatado ni presenta en su página web la marca Natalia. 

La compañía sí produce algunos alimentos que terminaron en los paquetes entregados por el Gobierno: Lucky Tuna, Atún Supertuna y Tritún, en sus variantes de agua y aceite cada una. Pero en la sección de carnes y granos, donde está el pollo y la harina de maíz, Marhel no presenta ninguna de las marcas que este medio logró identificar en las canastas alimenticias. 

El pollo deshebrado que anuncia en su sitio web ni siquiera es enlatado. Es una presentación “empacada al vacío en bolsa pouch (una bolsa de plástico sellada al vacío) y sometida a tratamiento térmico hasta esterilidad comercial” de 100 gramos. Mientras que la harina que comercializa está empacada en bolsas blancas con líneas verdes de un kilogramo que tienen escrita en grande la palabra Marhel al frente.

El pollo enlatado Natalia, que desembarcó en El Salvador, es producido por Grupo IIPSA, otra empresa que también tiene sede en Mazatlán y se especializa en el empacamiento y distribución de alimentos enlatados y en bolsas tipo pouch.

Ni el MAG ni las empresas han explicado cómo Marhel terminó vendiendo millones de dólares del producto elaborado por IIPSA. La CCR tampoco observó esto, pero sí identificó que el MAG pagó sobreprecio de $5.4 millones por el pollo Natalia. En la respuesta que dio a esa irregularidad, el MAG no dijo absolutamente nada, tanto así que la CCR recalca que “la administración no emitió comentario ni presentó evidencias”.

El pollo Natalia, además, también miente en su etiqueta nutricional y no cuenta con permisos de venta en México ni con el aval del Ministerio de Salud para que los salvadoreños lo consuman. Según el análisis del laboratorio independiente que contrató la CCR, este pollo contiene casi el doble de sodio y 2.5 veces más grasas saturadas. 

El MAG, de nuevo, afirma que debido a la emergencia se saltó los controles sanitarios y compró a Grupo Marhel, una empresa ubicada en Mazatlán, Sinaloa. Esta forma parte del conglomerado corporativo B-Eminent, especializado en la “comercialización, producción e industrialización de México a Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea y China de todo tipo de alimentos (mariscos, carnes y hortalizas)”, según explica su CEO (presidente ejecutivo), Carlos Cervantes, en su perfil de LinkedIn.

En México, B-Eminent fue incluida en la lista negra de empresas fantasmas. El 13 mayo de 2020, el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) determinó que la empresa madre de Grupo Marhel emitió “comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”. La información fue publicada en el oficio 500-05-2020-13568 del SAT, en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2020. 

A pesar de la advertencia del SAT mexicano, el MAG desestimó la sentencia y consideró idóneo contratar a Marhel. En el examen especial de la CCR, el MAG argumentó que se trata solo de “notas periodísticas, sobre las empresas en cuestión, más (sic) no una sentencia en firme”. Sin embargo, la CCR reafirmó que la sentencia es “definitiva según la misma página de la SAT”. La empresa madre de Marhel, además, forma parte del entramado de corrupción que estafó al gobierno venezolano en la venta de alimentos para la elaboración de los paquetes Clap.

Revista Factum publicó a finales de julio de 2020 que B-Eminent tiene oficinas fantasmas en distintos sitos de México.  

Mala leche 
La dieta que el Gobierno diseñó para las familias más afectadas por estrictas políticas de confinamiento ante la covid-19 incluye, aun a la fecha, empaques de leche en polvo. Para darles leche a los salvadoreños, el MAG tampoco recurrió a proveedores nacionales. Buscó una empresa señalada  en Venezuela de vender productos de baja calidad y a sobreprecio. Ese mismo mecanismo se empacó en los PES. 

El MAG contrató a AroumGroup para que proveyera  8,070 toneladas de leche en polvo a $27 millones. Aroum es una empresa intermediaria con sede en Panamá que distribuye productos lácteos producidos por RenyPicot, empresa española que cuenta con una planta en México. 

Según los resultados del laboratorio contratado por el ente contralor, la leche marca Campestre adquirida en el contrato 018/2020, contiene casi el doble de sodio de lo anunciado en su empaque: de los 300 mg/100 g que dice tener en realidad posee 580 mg/100 g. Al igual que Marhel, RenyPicot también se coló entre las empresas que estafaron a Venezuela con productos que mentían en sus etiquetas nutricionales. En El Salvador, la CCR también reparó en eso.

Aroum no solo entregó leche en polvo que mentía en su información nutricional, sino que el MAG le “pagó la suma de $1.7 millones por producto no recibido, más $5,355,655.20 por pago en exceso entre el monto contratado y lo pagado”, concluye la CCR. La leche Campestre tampoco está en el registro sanitario de Salud tanto en México como en El Salvador.  

La CCR afirma que el MAG hizo pagos anticipados “sin contar con la evidencia del cumplimiento de contrato” a proveedores cuestionados en sus países de origen. En total, el MAG perdió $8.8 millones, pues “pagó por la leche un precio superior al contratado y en el caso de los otros productos se recibieron cantidades menores a las contratadas”.

Hasta el 30 de septiembre de 2020, el MAG aún no había presentado evidencia que desmintiera los análisis de la CCR. “Esta administración, a esta fecha, está preparando la información documental para poder comprobar al equipo de auditoría que no existen deficiencias en ninguna compra de productos alimenticios para la elaboración de las cestas alimentarias”, afirma el ministerio. 

Sin embargo, tanto el MAG como la Dirección General de Aduanas (DGA) han bloqueado el acceso a la información sobre las compras hechas en el marco de la emergencia de covid-19. El MAG argumentó que las compras que la CCR analizó tienen una reserva de dos años porque es información que contiene “opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”.

Este medio envió una solicitud de información al MAG que fue respondida, de manera desfavorable, el 12 de agosto de 2021. Según la institución, no puede hacer público el millonario uso de fondos públicos porque “puede generar una ventaja indebida respecto de unos en perjuicio de otros”. El MAG afirmó que también puede generar que empresas de similares características hagan “pactos colusorios” al compartir información, afectando las finanzas del Estado.

En su resolución para bloquear la información, el MAG señaló que también se pondría en peligro “la integridad física a través de la seguridad alimentaria y nutricional de las personas que han resultado afectadas por la pandemia”. Sin embargo, el examen de la CCR reveló que las empresas extranjeras estafaron al MAG al vender productos que mintieron en su información nutricional ni contaban con registro sanitario en el Ministerio de Salud hasta noviembre de 2021.

El MAG y el Ministerio de Salud se escudaron en la emergencia nacional de covid-19 para justificar las irregularidades ante la CCR. Para ambos era válido obviar el control sanitario, pues todas las instituciones estaban volcadas a la atención médica y a asegurar la alimentación de la población, y los productos eran “materia prima para las canastas básicas” y no productos terminados, según dijo el director de salud ambiental del Ministerio de Salud.

Tanto el MAG como Salud repitieron y se excusaron en la emergencia nacional.  Pero la CCR les hizo ver que “el Código de Salud no menciona que el Estado no deba registrar productos alimenticios cuando se trata de una emergencia nacional”. El Estado, sin embargo, aún sigue incluyendo algunos productos de baja calidad que llegan a la mesa y a los estómagos de los más necesitados.

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