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El Estado ataca la esfera privada como a la pública

En El Salvador, a medio término de la presidencia de Bukele, la pretensión gubernamental es administrar la cosa pública en la oscuridad, sin permitirle a los ciudadanos acceso a la información, socavando la contraloría en todas sus formas y confiscando el espacio de discusión ciudadana a través de la inversión en propaganda, en intimidación digital y en satanización de la sociedad civil. Y simultáneamente, según la nación entiende cada vez más, se intenta neutralizar la crítica y el disenso con métodos que rayan en los de un Estado policial.

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La democracia existe mientras, pese a su compulsión, el Estado respete la esfera pública y tampoco violente la esfera privada de los ciudadanos. Pero en aquellos regímenes en los que se atenta contra esos dos órdenes ya sea por programa político, inspiración vulgarmente autoritaria o aspiraciones criminales de una élite detrás del poder, las libertades y el republicanismo tienen los días contados.

A la esfera pública se le irrespeta ignorándola, contaminándola, corrompiéndola o bien agrediéndola. A la raíz de cualquiera de esos vejámenes está la incomprensión de quienes gobiernan, que pueden ser tan analfabetos de la democracia como para no entender que la pasión y energía de la discusión libre entre los ciudadanos es el corazón de la República. Y sí, se puede ser infame por ignorancia; eso no le resta gravedad a un gobierno insulso.

No menos frágil es la esfera privada; un régimen puede aparentar maneras democráticas y al mismo tiempo, invocando el bien general o cualquier otro giro retórico, emprenderla contra la privacidad y la propiedad de aquellas personas naturales a las que considera enemigos.

Así funcionan los totalitarismos, merced a una visión del Estado que desprecia las fronteras de lo público y de lo íntimo para inundarlo todo con el discurso oficial, el culto a la homogeneidad y la destrucción de lo crítico, luego de lo opuesto y finalmente de lo singular.

En El Salvador, a medio término de la presidencia de Bukele, la pretensión gubernamental es administrar la cosa pública en la oscuridad, sin permitirle a los ciudadanos acceso a la información, socavando la contraloría en todas sus formas y confiscando el espacio de discusión ciudadana a través de la inversión en propaganda, en intimidación digital y en satanización de la sociedad civil. Y simultáneamente, según la nación entiende cada vez más, se intenta neutralizar la crítica y el disenso con métodos que rayan en los de un Estado policial.

La década previa al conflicto armado del siglo anterior fue pródiga en los abusos de autoridad; fueron los años de la hegemonía de las fuerzas del orden, un control en todos los aspectos de la vida nacional que solamente es posible si hay garantía de impunidad. La sujeción del poder judicial, el control casi absoluto de la opinión pública y la fusión de gobierno con Estado -y por ende, la confusión de hecho con derecho- le garantizaron a Ejército y Policía un albedrío que una vez violó la ley, ya no tuvo marcha atrás.

Dicha alienación de la sociedad sólo es posible cuando desde el seno del Estado se conjura contra las libertades. Nunca opera al revés. Y cuando el autoritarismo y la dictadura se instalan, entonces la existencia misma se ve constreñida. Una vez perdidas las libertades, las personas ya no aspiran a desarrollar su vida sino apenas a conservarla.

Ese empobrecimiento del alma de un país comienza con pequeñas derrotas, una racha de reveses que se suceden interminables una vez la ciudadanía se ha resignado a perder. Cuando el conglomerado social ya no tiene capacidad de asombrarse ante los abusos del poder, ya no hay más posibilidad de rebeldía, ya no hay reivindicación a la que aspirar, ya no hay obstáculos para el tirano.

Por eso, los poderosos indicios de que el gobierno salvadoreño está invirtiendo dinero de los contribuyentes en intervenciones que violan la esfera privada de los ciudadanos, en especial de quienes hacen contraloría pública y social, no deben quedar en anécdota. En una misma semana, en apenas pocos días, el Estado manifiesta sus intenciones de respetar propiedad e intimidad hasta donde se le antoje y convenga a los intereses y cálculos de la facción que gobierna.

Quizá ahora parezca que la amenaza se cierne solamente sobre el pensamiento crítico pero, ojalá que no demasiado tarde, los salvadoreños entiendan que el ataque es contra la nación y su modo de vivir.

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