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Crisis humanitaria en Mariona

Día y noche los familiares de detenidos durante el régimen de excepción permanecen fuera de varios penales, a la espera de ser atendidos. En su mayoría son mujeres, algunas con sus niños.

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Búsqueda. Las personas verifican la estancia de sus familiares en unos listados ubicados a la entrada del penal.

Búsqueda. Las personas verifican la estancia de sus familiares en unos listados ubicados a la entrada del penal.

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Cientos de personas han abarrotado la calle que conduce a la entrada principal del Central Penal La Esperanza, más conocido como Mariona. Y todas llegan por la misma causa: pedir información sobre los detenidos del régimen de excepción.

El portón permanece cerrado y solo se abre para la entrada o salida de algún vehículo. Cuando esto sucede todos corren con prisa para, con suerte, alcanzar a preguntarle al vigilante quién les puede ayudar sobre su familiar.

Son mujeres cargando bebés en sus brazos, embarazadas, señoras de la tercera edad y uno que otro hombre, todos hacinados bajo el sol del mediodía. Algunos relatan que pasan el día sin comer, pues han "ajustado" para costear los pasajes.

 
Crisis humanitaria y falta de información afuera del penal de Mariona

En su mayoría son personas de escasos recursos que, según sus testimonios, viajan desde otros municipios.

"Vine a dejar medicina. Vengo a preguntar desde que capturaron a mis hijos, pero hoy me tocó prestar $5 porque ya no me alcanzaba para el medicamento de uno de ellos. Una vecina me hizo el favor", cuenta María Santos Hernández Luna, una señora de aproximadamente 70 años que viaja desde el Puerto de La Libertad.

A María Santos la Policía Nacional Civil (PNC) le capturó a sus dos hijos, Douglas Gustavo y Gilberto Rafael Hernández. Ambos fueron detenidos el 13 de abril en el kilómetro 29 de la comunidad El Cimarrón, en el Puerto de La Libertad.

"No me alcanza para pagarles un abogado, por eso he ido varias veces a la Procuraduría General de la República (PGR) a preguntar cuál es el que les han asignado", dice María, mientras sostiene en sus manos una tarjeta de la institución con el nombre de uno de sus hijos, pero sin un abogado dedicado al caso.

Otras mujeres comienzan a comentar que, al igual que a María, sus familiares tampoco tienen representación legal asignada.

"Nos han dicho que ya no hay abogados. Imagínese cómo vamos a hacer si apenas nos alcanza para andarlos buscando, porque así nos tienen de un lado para otro", expresó otra mujer llamada Reina Margarita Gutiérrez.

Su hijo es Julio César Quijano Hernández y fue detenido el 4 de mayo mientras cultivaba hortalizas.

A José Eduardo Ventura, trabajador de carpintería, también lo capturaron. Ocurrió en el cantón Sisimitepec, en Nahuizalco, pero en el penal de ese municipio no está el registro de su nombre, según cuenta su madre, y tampoco lo está en Mariona. Hasta el momento, Trinidad Gutiérrez, su mamá, no sabe dónde se encuentra José Eduardo.

Otros de los casos por los que llegan a preguntar es por las personas que ya fueron enviadas a prisión preventiva durante seis meses. Este es el caso de Óscar Eduardo García, quien se dedicaba a vender pan con café y fue capturado el 26 de abril en la colonia Quezaltepec, en Santa Tecla.

Al otro extremo del portón una mujer se acerca para preguntarle a un soldado que se mantiene vigilante: "¿Adónde se entrega la medicina?". Él le responde que se la debe entregar a una mujer y que debe hacer la fila, mientras le indica exactamente donde pararse.

"Ya les dije que se muevan, que se ordenen o no les voy a agarrar nada. Ya me cansé", grita la mujer que carga consigo una bolsa transparente donde recoge el medicamento que los familiares están llevando.

Al llenar la bolsa, en cuestión de minutos, la cierra y la ubica sobre el suelo para tomar otra y continuar. Cuando ya tiene varias el vigilante abre la puerta y le da acceso para que pueda ingresarlas.

Esto sucede aproximadamente cada 15 minutos. Son cientos de personas entregando bolsas de medicamentos rotuladas con datos personales de privados de libertad. "Aquí tengo $45 en pastillas, mire. Me he quedado sin comer para poder comprarlas, ojalá que se las den", dice una señora que también hace la fila.

A Mariona la gente comenzó a llegar en mayor cantidad desde el miércoles. Desde ese mismo día hay docenas de personas que se han quedado a dormir en el lugar, a la espera de noticias. Otras porque el dinero no les alcanza para regresar a sus casas y volver al siguiente día.

Bajo el sol y la lluvia las mujeres junto a sus bebés permanecen vigilantes de que, en algún momento su familiar pueda salir libre. Esta situación inició en el Penal Izalco, en Sonsonate, hace alrededor de 15 días, cuando la Asamblea Legislativa aprobó ampliar el régimen de excepción.

Las personas dormían sentadas sobre la calle polvosa y bajo la lluvia. Así pasaron varias noches sin recibir información. Lo mismo está repitiéndose en Mariona.

De los detenidos del régimen solo se saben dos cosas, de forma oficial: que son más de 28,000 y que, de ese total, a 18,000 les han decretado la prisión provisional mientras duren los procesos judiciales.

Pero del otro lado de la realidad, fuera de la cárcel de Mariona, una mujer denuncia entre lágrimas la captura de su hijo: "Con el régimen de excepción están cometiendo muchas injusticias. Al menos que nos digan dónde los tienen. Eso es lo único que pedimos".

Búsqueda. Las personas verifican la estancia de sus familiares en unos listados ubicados a la entrada del penal.
Lejanía. Los que se quedan a dormir lo hacen porque no tienen fondos para ir y volver. Llegan desde el interior del país.
Libres. Durante la noche del 11 de mayo liberaron a 18 personas, pero algunos no estaban ligadas al régimen.
Medicinas. Personal del penal recoge medicamento que llevan los familiares y será llevado a los capturados.
Aglomeración. Las personas esperan bajo el sol y muchos ya no ocupan mascarilla contra el covid-19.

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